Sindicato de Trabajadores de la Industria del Carbón SINTRACARBÓN

En la prensa

La mitad de la población del departamento no tiene agua y el 65 por ciento no cuenta con sistemas de eliminación de excretas.

La concentración en pocos contratistas de la mayoría de negocios, la participación de un único interventor para vigilar importantes proyectos, junto con la falta de procesos en los que haya múltiples empresas compitiendo y el mal uso de los recursos de regalías tienen encendidas las alarmas de la Contraloría en La Guajira.

Por esos cuatro males, un informe del organismo de control asegura que “los riesgos de corrupción en el departamento continúan siendo muy altos”. Esa corrupción sistemática contribuye para que La Guajira, que lleva 40 años recibiendo millonarios recursos de la explotación minera, y que tiene un crecimiento económico similar al nacional, siga siendo el tercer departamento más pobre del país –después del Chocó y Vichada– y tenga hoy al 80 por ciento de su población en la pobreza.

Una de las irregularidades que estaría ocasionando la pérdida de recursos sería que a pesar de que el 74 por ciento de los contratos con recursos de regalías se realizan por concurso –ya sea a través de licitaciones, concursos de méritos o selección abreviada–, de ese total, el 78 por ciento se hacen con un único oferente, sin que realmente haya una competencia para que quien quede con el negocio sea la empresa más apta.

 

Y en la contratación directa (que se hace a dedo), y que equivale al 24 por ciento de todos los contratos, la situación es aún más crítica. En ese tipo de negocios el 85 por ciento se está realizando sin pluralidad de oferentes. Los municipios que más incurren en esta práctica son El Molino, Fonseca y Hatonuevo.

El informe dice que “la explicación de la falta de pluralidad de oferentes no radica en la escasa oferta de proponentes” pues de acuerdo con los datos del Registro Único de Proponentes (RUP) en La Guajira hay suficientes empresas para competir en las diferentes licitaciones. La Contraloría detectó que de 86 licitaciones en las que hubo una única empresa en la puja “se encontraron 13.678 posibles oferentes”.

Y en 48 contratos que se hicieron de manera directa se encontraron 14.680 posibles proponentes registrados. La Contraloría no duda en asociar la falta de pluralidad de oferentes con los riesgos de corrupción.

Los de siempre

La Contraloría detectó que el 19 por ciento de contratistas en el departamento tienen en su poder negocios por 558 mil millones de pesos que equivalen al 80 por ciento de los recursos de las regalías del 2015.

El monopolio que se queda con la mayoría de contratos está conformado por los hermanos David Ricardo Castillo Baute y Miguel Camilo Castillo Baute, quienes además tienen negocios en 29 de los 32 departamentos del país.

 

Recientemente la Auditoría General dijo que este monopolio concentra el 80 por ciento de contratos en el país, por 6.3 billones de pesos.

En La Guajira, el clan tiene dos empresas con contratos de obra, además de siete consorcios y una unión temporal con negocios que ascienden los 89.000 millones de pesos.

Esta familia también ha ganado al menos 10 proyectos con la Gobernación de La Guajira, y tres municipios, en donde hay en juego negocios por 99.345 millones de pesos.

Dos de estos contratos, que cuestan 7.393 millones de pesos, están suspendidos por irregularidades o incumplimientos.

Otro de los mayores contratistas es Jorge Alberto Villegas Oñate, quien tiene una empresa que a la vez hace parte de dos consorcios y cuatro uniones temporales. Esas firmas tienen negocios en transporte, educación y vivienda por 16.414 millones de pesos, más otros 10 proyectos que suman 17.468 millones.

La concentración en las interventorías es otro de los males que preocupa a la Contraloría. Un solo grupo, el Consorcio Applus, tiene un contrato por 6.664 millones de pesos para realizar interventoría a 33 proyectos de la Gobernación que suman 136.802 millones de pesos. Esos contratos son en transporte, educación, cultura, recreación, entre otros.

Regalías no se usan bien

Un porcentaje muy bajo de las regalías se está usando para atender las mayores necesidades de las comunidades en La Guajira, como educación, agua potable, salud y vivienda.

De 341 proyectos aprobados en La Guajira entre el 2012 y el 2015, que costaban 929.000 millones de pesos, solo el 46 por ciento (433.000 millones) se usaron en estos sectores prioritarios.

Los tres municipios en donde se concentra la producción de carbón en el departamento -Albania, Barrancas y Hatonuevo- tienen a la mayoría de su población en la pobreza.

Solo se invierte el 9 por ciento en agua

La Contraloría dice que “los graves problemas de salud” que afectan principalmente a niños y madres están asociados a la falta de agua potable. Pese a esa problemática, la inversión en acueductos y saneamiento básico apenas es del 9 por ciento, unos 84.000 millones de pesos, y solo el 7 por ciento (63.000 millones) está destinado para la salud.

Y mientras la inversión en agua potable es baja, las pérdidas en ese sector son grandes. La Contraloría detectó que se perdieron 12.537 millones de pesos en contratos para la construcción de un acueducto.

La mitad de la población del departamento no tiene agua y el 65 por ciento no cuenta con sistemas de eliminación de excretas.

 

Además, el 65 por ciento de la población no tiene un seguro de salud.